viernes, 11 de noviembre de 2011

Historias de guerra: en los ojos de las víctimas

Por: Lorena Mahecha y Lina Salas


La problemática de violencia a nivel nacional por parte de grupos armados al margen de la ley ha dejado en el país 5,2 millones de ciudadanos (cifra aportada por La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Cohdes) victimas del desplazamiento forzado de población campesina, al igual que 14.017 soldados heridos y 4.504 muertos en combate durante los últimos 7 años (Cifra publicada por el Ministerio de Defensa Nacional, equivale a un promedio de 1.7 muertos y 5.5 heridos por día). El conflicto armado interno, que después de más de 60 años no encuentra aún una resolución concreta, pone también en evidencia la falta de organización y eficacia estatal, ya que entre trámites burocráticos y bajos niveles de inversión en proyectos de reconstrucción social las víctimas del conflicto no ven resueltas su necesidades ni se ven a sí mismas como una prioridad para el Estado. Ismael Maestre y Fabián Mosquera, habitantes de una comunidad receptora de población desplazada al sur de Bogotá, hacen parte de aquellas cifras y sus historias son las de todos aquellos que han visto su vida alterada por el conflicto armado colombiano.



Ismael Maestre, víctima del desplazamiento forzado desde el año 1997, comenta que desde el año 2004 tuvo que irse a la ciudad de Barranquilla donde creó un barrio llamado Pinar del Rio, el cual fue construido con la ayuda de varios desplazados y liderado por él. El conflicto armado, no solo ha dejado una gran cantidad de victimas sino que además ha dejado estigmas en ellas, al respecto explica que una de las razones por las cuales no habla con nadie externo a su barrio se debe a la falta de confianza generada por el conflicto armado.

Ismael, aunque aún es líder comunitario, atribuye esta falta de confianza no solo al conflicto armado sino a las represalias que podrían tener sobre él si denunciara a los responsables del desplazamiento forzado de la zona. Cuenta además que Alfredo Andrain Correa, sociólogo de la Universidad del Norte, quien realizaba una investigación sobre desplazamiento, fue uno de los personajes que intentó indagar acerca de la verdad de los hechos y actores responsables del desplazamiento en Colombia y explica que no pudo dar información a Correa debido a la falta de garantías se seguridad que este le ofrecía, también comenta que ante las declaraciones que dio en la Personería del pueblo, tuvo que mentir respecto a la pertenencia de terrenos en la zona, debido a las represalias que se podían tomar contra el.

Incluso ahora, tras ser desplazado junto a su familia de Palenque, Aracataca y Barranquilla, el Estado no brinda a Ismael ni a su familia las garantías suficientes para tener un nivel de vida digno en la ciudad o en tierras cercanas a su lugar de origen. Para él, El desplazado pierde el derecho de tener derechos. Señala que hay desplazados y quienes se hacen pasar por desplazados, es decir aquellos que con la excusa de ser desplazados piden dinero en las calles. Para Ismael, las personas que al igual que él fueron desplazados de Palenque, optaron por irse a otras ciudades del país, entre ellas Valledupar, Cartagena, Barranquilla incluso para países vecinos como Venezuela, y señala que pocas personas decidieron irse a la capital del país por razones climáticas y falta de oportunidades. Comenta que debido a su condición de víctima del desplazamiento forzado no le ha sido posible volver a la Palenque, en el departamento de Bolívar, por temor a que quienes los desplazaron arremetan de nuevo contra él y su familia.

El temor a sufrir represalias por parte de grupos subversivos, es la razón principal para que los desplazados se abstengan de contar la verdad de los hechos y personajes responsables, lo cual entorpece el proceso de reparación a las victimas así como a las restitución de tierras, pero no solo la abstención de los desplazados a contra la verdad por miedo a represalias genera esto sino además la insuficiente garantía de seguridad que provee el Estado colombiano a los desplazados.

Si bien la historia de Ismael es compartida por millones de colombianos, no es tampoco ajena a la realidad nacional la historia de los miles de soldados que a diario pierden su integridad física o psicológica como consecuencia de un conflicto en el que las políticas de gobierno protegen más a los victimarios que a las propias víctimas.

Fabián Mosquera, de 23 años, vive en la ciudad de Bogotá junto al resto de su familia, no porque sea su lugar de origen ni de escogencia, sino porque la guerra los obligó a regresar huyendo de los actores armados. Aunque nunca fueron soldados profesionales, Fabián y su hermano Andrés se vieron obligados, a falta de la posibilidad de pagar la libreta militar, a prestar el servicio militar en el sector de Chaparral, Tolima.

En el 2007, durante el proceso de servicio militar obligatorio, Fabián fue llevado a una operación militar en la que el ejército nacional pretendía hallar el paradero de una secuestrada y que, en lugar de su hallazgo, culminó con la muerte de la mayor parte del pelotón y lesiones permanentes para aquellos que, como Fabián, sobrevivieron al ataque perpetrado por el frente 21 de las FARC el 17 de Noviembre .En la emboscada, el camión en el que se desplazaba el pelotón cayó en un campo minado y fue posteriormente atacado por la guerrilla. De los 19 soldados campesinos, que no por elección propia sino como resultado de condiciones económicas poco favorables entraron a las filas del ejército, tan solo 9 sobrevivieron al ataque y todos cuentan aún con las esquirlas que dejaron en su cuerpo las 7 minas que explotaron.

Hoy, 4 años después, Fabián recuerda no solo tristemente ver como caíamos […] como un pedazo de plomo les destrozaba la vida, sino también el doloroso proceso de los últimos 4 años en los que su familia fue desplazada del territorio en el que siempre habían vivido y al que aún hoy no pueden regresar y en los que no les han concedido los beneficios que les son prometidas a las víctimas del desplazamiento forzoso en el país. Aunque las minas y el posterior combate dejaron en Fabián un tumor en el pecho, esquirlas de hierro en todo el cuerpo y lesiones psicológicas que después de 8 meses en un hospital psiquiátrico, tras lo cual renunció al tratamiento, no pudieron ser del todo resueltas, el Estado aún no ha respondido por los daños ocasionados a él y su familia.

A pesar de los 4 años de luchar penal por sus derechos, en el momento la familia de Fabián permanece viviendo en extrema pobreza sin poder regresar a su lugar de origen, mientras que el, que a consecuencia de las pesadillas y las reacciones fuertes que no puede evitar como consecuencia psicológica de la emboscada, no puede trabajar ni conformar una familia independiente a sus padres. La indemnización que recientemente le otorgó el Estado colombiano, y que no desembolsará hasta dentro de otro año, es tan solo de 24 millones, 12 de los cuales debe pagar a su abogado por el proceso llevado, con los cuales no es posible cubrir los procesos médicos que se requieren para la remoción de las esquirlas ni mucho menos para continuar con el tratamiento psicológico, y aún hoy no le es admitida legalmente su pensión militar.

Como las historias de Fabián e Ismael, son otros tantos los millones de historias de soldados, desplazados, niños reclutados forzosamente, secuestrados y desaparecidos que no solo son víctimas de un conflicto armado violento, sino que también son víctimas de la lentitud de la justicia del país, de la falta de asistencia a población vulnerable y de una permanente falta de atención a sus derechos como ciudadanos colombianos.

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